Sobrevivir al feminicidio no es tarea de una sola persona. Se trata de un ejercicio que se hace en colectivo, con el apoyo de otras personas, con su respaldo, su atención, su orientación o simplemente con su escucha.
En México, los casos de feminicidio han ido en aumento desde 2015 que se registran en las cifras oficiales del país y alcanzaron un máximo histórico en la segunda mitad de 2021. Desde entonces, los registros bajaron un poco; sin embargo, la violencia letal contra las mujeres no ha seguido ese mismo camino.
Y aunque la impunidad tras las denuncias de este delito es menor que en otros casos como la extorsión, que supera el 98 por ciento, los datos no son positivos: apenas 1 de cada 9 casos denunciados alcanzan una resolución por la vía judicial. Por ello, las mujeres sobrevivientes de feminicidio han buscado vías complementarias para encontrar justicia, pero sobre todo, la sanación.
Con apoyo de testimonios de mujeres sobrevivientes y organizaciones que acompañan a víctimas, pudimos escudriñar la vía que han encontrado diversas mujeres para seguir con su vida tras una agresión de esta naturaleza.
Solicitar una orden de protección para una mujer representa un doble desafío: primero, haber sobrevivido a una situación de violencia; y segundo, que las autoridades le otorguen las medidas de seguridad que requiere.
A ello se suma la disparidad en la atención por cada una de las entidades, mientras algunas como Morelos y Jalisco son las que entregan más medidas de protección, hay estados que en 2021 no reportaron una sola respuesta positiva a la solicitud, como Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Sonora, estas últimas entre las más aquejadas por los casos de feminicidio.
Pero el número de órdenes de protección concedidas sólo es un dato que puede leerse de distintas formas: tanto de manera positiva, por la confianza en las instituciones de justicia, como un desinterés por realmente contener el problema y sólo cumplir con los números. Pero ninguna muerte, y menos cuando es por razones de género, se puede quedar sólo como una cifra.
La tentativa de feminicidio ocurre cuando se realizaron los pasos para concretar el crimen pero una causa externa al agresor impidió que se consumara, por lo que hay una víctima sobreviviente.
Y aunque no se haya completado el delito, se puede denunciar también como feminicidio y no como lesiones dolosas, por las cuales se dan penas menores y el agresor puede seguir el proceso en libertad.
Por ello, si fuiste víctima de un acto de violencia -física o sexual- que puso tu vida en riesgo, aquí te explicamos cómo puedes denunciar ante las autoridades este delito; en este caso, recuerda que lo más recomendable es que acudas acompañada.
La denuncia se puede realizar en línea o de manera presencial, según sea lo más cómodo para ti. Además, hay algunas entidades que cuentan con agencias del Ministerio Público especializadas en delitos relacionados con violencia de género, donde puedes presentar una denuncia por delitos como feminicidio, lesiones, violación, abuso sexual y acoso sexual.
En 2021, el año en que más casos se han registrado en México
Por cada 100 mil mujeres en Colima, la mayor tasa del país en los primeros 9 meses de 2022, seguido de Nuevo León con 2.74 y Morelos con 2.60.
Campeche, Jalisco y Zacatecas son las 3 entidades que más órdenes de protección entregaron por cada 100 mil mujeres durante el primer semestre de 2022.
¿Te sientes en una situación de peligro? Por más bajo que sea el riesgo, ¡pide ayuda! Una alternativa es solicitar órdenes de protección, un conjunto de acciones que las autoridades deben llevar a cabo para proteger a las mujeres.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia -que funciona como un estándar mínimo para las legislaciones en la materia de los estados- señala que existen dos tipos de órdenes de protección:
La legislación indica que las órdenes de protección deberán ser expedidas de manera inmediata o, en caso, a más tardar dentro de las 4 horas siguientes a la denuncia de los hechos.
Acerca de la vigencia, se estipula una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación, o hasta que cese la situación de riesgo para la víctima.
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