En México, en los últimos 12 años, más de mil mujeres han sido víctimas de ataques con sustancias químicas o han enfrentado amenazas de sufrir esta forma de agresión. Datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información revelan una alarmante tendencia: la violencia química ha ido en aumento, dejando tras de sí una estela de impunidad y una cifra negra que dificulta dimensionar el problema.

Carmen afirma ser una mujer con sueños y con ilusiones, que trata de recuperar su dignidad sin perder su indignación. Esta concepción la llevó a crear la Fundación Carmen Sánchez y no hace mucho culminó una licenciatura en Derecho.

Al igual que ella, Esmeralda Millán, Elisa Xolalpa, Carmen Márquez, Alejandra María y otras sobrevivientes de violencia química han tenido que caminar en medio de la impunidad y el abandono institucional, pero también de la mano de otras mujeres que las acompañan y las abrazan en el proceso de reconstruir la vida. 

La llaman violencia química: dos palabras que las sobrevivientes usan para nombrar la saña de quienes, armados con sustancias como ácido sulfúrico o sosa cáustica, buscan no solo arrebatar la vida, sino marcar, desfigurar y borrar toda huella de su humanidad.

Las sobrevivientes pueden enfrentar una realidad devastadora: pérdida de órganos, discapacidad física, aparición de nuevos padecimientos o el agravamiento de enfermedades previas. A ello se suma la discriminación laboral, el aislamiento social y la ruptura de lazos familiares, que marcan una distancia insalvable entre las víctimas y la vida que una vez conocieron.

Dicha categorización provoca que las sobrevivientes enfrenten una nueva lucha para reclasificar el delito; es decir, ya no solo enfrentan a su agresor, sino al Estado, que con su maquinaria burocrática las obliga a pelear por un atisbo de justicia. 

A esto hay que sumar que únicamente estados como Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Baja California, Guerrero, Colima, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa han reconocido legalmente estas agresiones.

Es decir, de las 301 denuncias por violencia química registradas, solo el 6.31% de las mujeres agredidas con sustancias ácidas o tóxicas han obtenido justicia.

Sumado a la falta de justicia, las sobrevivientes enfrentan tratamientos que imponen nuevas cargas físicas y económicas. Por ejemplo, la reconstrucción de las zonas afectadas requiere a menudo la extracción de piel de partes sanas del cuerpo, un proceso doloroso que deja nuevas cicatrices, explica la psicóloga Adriana Reyes.

La lucha no termina en la sala de operaciones: continúa en el día a día, donde deben elegir entre comprar los costosos ungüentos que alivian el dolor de las heridas o asegurar una comida.

A pesar de que las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas de los estados están obligadas a brindar apoyo integral, inmediato, gratuito y continuo, la realidad dista mucho de la teoría: las víctimas se enfrentan a procesos largos y burocráticos, con una atención médica que no siempre cubre todas sus necesidades, como las cirugías reconstructivas que terminan costeando por su cuenta, afirma Ximena Canseco. 

Frente a este tipo de violencia, las leyes y las penas más duras son sólo el primer escalón. Las expertas coinciden: sin presupuestos robustos que financien políticas públicas para la prevención, atención y sanción de estos crímenes, la justicia seguirá siendo un espejismo para muchas mujeres. Un espejismo que, hoy, se desvanece entre informes archivados, cifras alarmantes, culpables sin cadenas y sobrevivientes que cargan cicatrices que el Estado aún no logra sanar.